Los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC)

Aunque ya abordamos su función en una entrega anterior, vale la pena retomar el papel de los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC), especialmente en el contexto de la NOM-151, donde su participación es fundamental.

Los PSC son entidades autorizadas por la Secretaría de Economía para emitir constancias de conservación, las cuales certifican que un documento electrónico existía en un momento específico y que no ha sido alterado desde entonces. Para ello, utilizan mecanismos como sellos digitales, hashes criptográficos y marcas de tiempo, que permiten verificar la integridad y temporalidad del archivo. Como terceros de confianza dentro del ecosistema de firma electrónica, su intervención aporta un respaldo técnico y legal que refuerza la validez de los documentos digitales. Esto es especialmente relevante en situaciones donde se requiere contar con evidencia sólida, como auditorías, procesos legales o cumplimiento normativo.

¿Es obligatorio utilizar la NOM-151 para firmar?

Una pregunta común es si la NOM-151 es un requisito indispensable para que una firma electrónica tenga validez legal. La respuesta es que no lo es. La Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA) otorga reconocimiento jurídico a las firmas electrónicas siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos, independientemente de que se utilice o no la constancia de conservación bajo la NOM-151.

Esto implica que tanto las firmas electrónicas simples como las avanzadas tienen pleno valor legal, sin necesidad de recurrir a este esquema de conservación. En ese sentido, la NOM-151 no condiciona ni limita el uso de firmas electrónicas, sino que funciona como un mecanismo complementario para quienes requieren una capa extra de certeza sobre la integridad y el momento en que fue generado el documento.

Otras alternativas validas

El entorno digital actual ofrece múltiples opciones tecnológicas para garantizar la integridad, autenticidad y validez de documentos firmados electrónicamente, muchas de las cuales no dependen de la NOM-151. Algunas de estas soluciones incluyen:

• Sistemas de trazabilidad documental, como los registros de eventos (logs), que permiten auditar cada acción realizada sobre un archivo digital.

• Certificados digitales emitidos por autoridades certificadoras oficiales, como la e.firma del SAT, que vinculan la identidad del firmante con el documento.

• Tecnologías basadas en blockchain, que mediante hashing y sellos de tiempo distribuidos ofrecen un mecanismo descentralizado y seguro para validar la existencia e integridad de documentos.

• Protocolos y auditorías técnicas internas, diseñados para mantener la integridad documental en entornos corporativos, apoyados por estándares propios y controles estrictos.

Estas alternativas, cuando se implementan adecuadamente, cumplen con los principios fundamentales de seguridad, autenticidad, integridad y no repudio, y son plenamente reconocidas dentro del marco jurídico mexicano, siempre y cuando se adapten al contexto de uso y a la normatividad vigente.

Concluyendo

La NOM-151 representa una opción confiable para reforzar la seguridad jurídica y técnica de los documentos electrónicos, particularmente en situaciones que demandan una trazabilidad prolongada y una evidencia técnica reforzada. Sin embargo, su uso no es exclusivo ni obligatorio, y México dispone de un marco legal flexible que reconoce múltiples métodos y tecnologías para la validación de firmas electrónicas.

Esto otorga a empresas, instituciones y usuarios la libertad de elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades específicas, sin perder el respaldo legal necesario para la operatividad y la certeza jurídica. En definitiva, la NOM-151 no impone límites, sino que ofrece un valor agregado, una capa adicional de confianza que puede formar parte de una estrategia digital integral, moderna y accesible.

Considero, de forma personal, que la NOM-151, como complemento a la firma electrónica, debería ser de libre uso e implementación, al igual que la Ley de Firma Electrónica. No debería convertirse en un instrumento de alto costo, ya que esto limita su adopción y restringe el acceso a una herramienta útil para muchos sectores. Democratizar su uso fortalecería la transformación digital en México y permitiría a más personas y organizaciones aprovechar sus beneficios sin barreras económicas.